Adiós a la impunidad: Avanza la Ley General de Feminicidio en México para fijar penas de hasta 70 años

Con el propósito central de frenar la violencia de género y erradicar los vacíos legales que fomentan la impunidad, el Congreso de la Unión recibió la propuesta formal para expedir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por modificaciones constitucionales previas, marca un cambio histórico en la manera en que el Estado mexicano enfrentará los crímenes contra las mujeres al unificar los criterios de procuración de justicia en todo el país.

¿Qué busca la nueva Ley General y cuáles son las sanciones?

Hasta ahora, cada entidad federativa tipificaba el feminicidio con criterios, requisitos y penas distintas, lo que generaba discrepancias y obstaculizaba el acceso a la justicia. La nueva normativa plantea resolver este problema mediante los siguientes ejes principales:

• Homologación nacional: Se establece un tipo penal único y obligatorio para las 32 entidades del país, acabando con las diferencias estatales en la persecución del delito.
• Penas severas: La propuesta contempla condenas ejemplares que van de los 50 a los 70 años de prisión para los agresores.
• Investigación universal: La ley establece la obligatoriedad de que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, evitando que casos catalogados erróneamente como suicidios o accidentes queden impunes.

Puntos clave y mecanismos de protección

Además de endurecer las sanciones carcelarias, la iniciativa incorpora herramientas vanguardistas para la protección integral de las víctimas indirectas y la sanción a malos servidores públicos:

• Sanciones a omisiones institucionales: Aquellos funcionarios o ministerios públicos que incurran en negligencia, retrasos u omisiones en la investigación de estos delitos podrán ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos hasta por un tiempo equivalente a la pena de prisión impuesta al agresor.
• Registro de orfandad y atención a menores: Se contempla un protocolo prioritario para que las primeras autoridades en el lugar de los hechos resguarden de inmediato a las hijas e hijos menores de edad de la víctima, garantizando su privacidad, contención emocional y la creación posterior de un registro especializado.
• Unidades especializadas: Las fiscalías del país estarán obligadas a contar con personal ministerial y pericial debidamente capacitado bajo estrictas directrices de perspectiva de género y derechos humanos.

Próximos pasos en el Congreso

Tras la recepción formal del documento en el Poder Legislativo, las comisiones unidas del Senado y la Cámara de Diputados comenzarán el análisis y dictaminación del proyecto, con miras a discutirlo y aprobarlo de manera definitiva durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Con estas acciones, el Estado busca dar respuesta a una exigencia histórica de colectivos y defensores de derechos humanos que exigen justicia y un alto definitivo a la violencia feminicida en México.