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- Oscar Flores

Paola Gárate exige que la Fiscalía y el Gobierno del Estado apoyen y acompañen a las madres buscadoras en su trabajo de campo

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-No puede seguir recayendo en las familias una responsabilidad que corresponde al Estado, afirma la diputada.

Pide explicar la negativa de equipo para exhumaciones, transparentar recursos y establecer protocolos de respuesta inmediata.

Culiacán, Sin., 22 de julio de 2026.- Las madres buscadoras de Sinaloa no deberían enfrentar solas la tarea de localizar a sus seres queridos, buscar a una persona desaparecida es una obligación del Estado y sus instituciones así como el deber de acompañar a las familias con recursos, personal y capacidad de respuesta, afirmó la diputada Paola Gárate.

Durante la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, la legisladora lamentó que, una vez más, hayan sido los propios colectivos quienes localizaron restos humanos en Villa Juárez, Navolato, y una osamenta en El Quemadito, Culiacán, mientras las instituciones encargadas de la búsqueda volvieron a mostrar una respuesta insuficiente.Recordó que el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda para utilizar maquinaria especializada durante la exhumación realizada en Villa Juárez, sin embargo la solicitud fue rechazada, pese a que la dependencia cuenta con ese equipo.

La única respuesta fue “son órdenes de la comisionada”.Como consecuencia, las madres buscadoras y personal de la Fiscalía continuaron los trabajos de manera manual, utilizando únicamente palas y cubetas, aun cuando existían indicios de que podrían localizarse más fosas clandestinas en la zona.

Paola Gárate señaló que la pregunta formulada por Reynalda Pulido resume la preocupación de muchas familias sinaloenses: ¿dónde está la Comisión Estatal de Búsqueda y dónde están los recursos destinados para cumplir esa responsabilidad?, que, dijo la legisladora, se aproxima a los 130 millones de pesos.”Las madres buscadoras no tendrían que sustituir al Estado.

Ninguna mujer debería verse obligada a hacer con sus propias manos el trabajo que corresponde a las instituciones”, expresó, a la vez de puntualizar que debe establecerse un protocolo de respuesta inmediata para estos hallazgos, revisar la actuación de la comisionada Karina Márquez y de la subsecretaria Patricia Figueroa y fortalecer la coordinación con la Fiscalía.

“Una sociedad no puede acostumbrarse a que sean las madres quienes recorran caminos, remuevan la tierra y localicen a sus hijos mientras las instituciones llegan tarde o simplemente no llegan. La verdadera fortaleza del Estado se demuestra cuando acompaña a las familias con sensibilidad, recursos y resultados. Recuperar la confianza también significa que ninguna madre vuelva a sentirse sola en la búsqueda de verdad y justicia.” La diputada subrayó que estos hechos no pueden entenderse como simples retrasos administrativos.

“Cuando una madre sale a buscar con sus propias manos, no solamente enfrenta la ausencia de un hijo o una hija. También enfrenta la ausencia de instituciones que deberían acompañarla desde el primer momento”, sostuvo.

Por ello, llamó a que la Comisión Estatal de Búsqueda informe públicamente las razones por las cuales negó el equipo solicitado por los colectivos, transparente el uso de los recursos públicos asignados a esa institución y presente resultados verificables sobre su operación.

Asimismo, planteó establecer protocolos de respuesta inmediata para atender los hallazgos realizados por los colectivos, revisar el funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y fortalecer la coordinación operativa con la Fiscalía General del Estado para garantizar una atención oportuna y especializada.

La legisladora enfatizó que las madres buscadoras no requieren más promesas, sino instituciones que funcionen.”Las familias no deberían buscar solas. Ellas luchan todos los días contra la incertidumbre, pero también contra el olvido. El dolor de la desaparición pertenece a las familias; la responsabilidad de buscar, identificar y responder pertenece al Estado” concluyó la diputada Gárate.

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