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- Oscar Flores

Quieren dejar sin escolta a quien denunció al narco y proteger a quien el narco señala

Quieren dejar sin escolta a quien denunció al narco y proteger a quien el narco señala
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Omar García Harfuch tuvo una idea brillante: quitarle la escolta de la Guardia Nacional a la diputada Paola Gárate para que la cuide el gobierno de Sinaloa.

Sí, el mismo gobierno al que ella ha denunciado.

La petición fue presentada el 27 de agosto ante la jueza Mariana Arámburo Rojo, dentro del amparo 895/2026. Gárate se enteró el 1 de septiembre. La jueza, por fortuna, dijo que no. Por ahora mantiene la protección federal.

¿El argumento de la SSPC? Que ya tiene protección de la Fiscalía de Sinaloa. ¿En qué consiste esa protección? En rondines aleatorios. Una patrulla que pasa de vez en cuando por su casa. Eso, según García Harfuch, es equivalente a una custodia personal para una legisladora amenazada con una corona fúnebre en la puerta de su domicilio en Culiacán.

Es el colmo del cinismo institucional.

A Gárate la amenazaron por señalar lo que Estados Unidos ahora acusa formalmente: que el gobierno de Rubén Rocha Moya habría pactado con el Cártel de Sinaloa. A Gárate la secuestraron nueve horas en 2021, la golpearon y le exigieron que se retirara de las elecciones. Ella denunció. Y hoy el Estado mexicano quiere dejarla en manos de quienes ella denuncia.

La propia Guardia Nacional, en su evaluación de riesgo, reconoce que Gárate necesita protección permanente. Pero propone algo inaudito: que la custodia la asuma la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Es decir, el gobierno estatal que ella ha cuestionado por sus presuntos nexos.

¿Qué sigue? ¿Que la seguridad de Cuauhtémoc Blanco la lleve su propia víctima?

Mientras, en el mismo Sinaloa, los señalados por Estados Unidos andan con escolta completa, con camionetas blindadas, con personal de la Guardia Nacional cuidándoles la casa.

El mensaje de la SSPC es clarísimo y brutal: en Sinaloa es más peligroso denunciar al narco-gobierno que ser señalado como narco-gobierno.

A la denunciante le quitan la escolta. A los denunciados se la dejan.

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