Mano firme contra la delincuencia: Congreso de Sinaloa aprueba castigar con hasta 20 años de prisión el reclutamiento de menores
En una sesión clave para la protección de la niñez y la seguridad en el estado, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad tipificar y endurecer las penas contra quienes utilicen a niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. La nueva reforma establece sanciones de hasta 20 años de prisión para aquellos individuos o grupos que se dediquen a reclutar, cooptar o emplear a menores en actividades delictivas.
Claves de la nueva reforma penal en Sinaloa
La iniciativa, impulsada ante la necesidad urgente de frenar la vulnerabilidad de la infancia frente a las redes de criminalidad organizada, incorpora modificaciones sustanciales al Código Penal local:
- Penas severas: Se dictaminaron sentencias privativas de la libertad que van de los 10 a los 20 años de cárcel, además de multas económicas cuantiosas para los responsables directos de corromper o instrumentalizar a menores de edad.
- Agravantes en la ley: El marco punitivo contempla aumentos en las sanciones cuando el reclutamiento sea cometido por familiares directos, tutores, personas con autoridad sobre la víctima, o bien, cuando se empleen métodos de violencia física, psicológica o coacción económica.
- Protección integral: La reforma busca blindar a los menores no solo frente al narcotráfico y el trasiego de sustancias, sino ante cualquier modalidad delictiva —como el halconeo, el robo con violencia o la extorsión—, obligando a las instituciones de procuración de justicia a actuar de oficio.
Un llamado urgente a la prevención social
Durante la discusión en tribuna, legisladores de las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que el castigo penal por sí solo es insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral de prevención social, oportunidades educativas y rescate de espacios públicos, especialmente en municipios y comunidades donde la incidencia de captación juvenil ha encendido alertas en los últimos años.
Con esta aprobación, Sinaloa se suma a las entidades del país que refuerzan su marco jurídico para erradicar una de las prácticas más crueles cometidas contra la juventud, garantizando que el Estado actúe con todo el peso de la ley contra quienes arrebaten el futuro de las nuevas generaciones.
