Chihuahua quiso hacer lo que nadie se había atrevido: decir en la ley que si el narco se mete en una elección, esa elección no vale.
La Suprema Corte le dijo que no.
Por 9 votos, los ministros tumbaron el corazón de la Ley Anti-Narcocandidatos, aprobada por el Congreso de Chihuahua hace dos meses como respuesta a un secreto a voces: en varios municipios, no gana quien hace más campaña, sino quien tiene el permiso del grupo criminal de la zona.
La ley decía simple: si hay pruebas de que el crimen organizado amenazó, levantó, mató o financió para ganar votos, se anula la elección y el candidato beneficiado pierde el registro.
Morena impugnó. La Corte le dio la razón.
El argumento fue técnico, pero el efecto es político y brutal: para sancionar a un candidato ya no basta con probar que fue beneficiado por el narco. Hay que probar que él personalmente participó, ordenó o pactó. Es decir, el juicio individualizado.
En palabras de la gobernadora Maru Campos, que un día antes grabó un video pidiendo que no tumbaran la ley: “Hoy, el candidato que gane con apoyo del narco, se podrá quedar con el cargo”.
¿Y qué ordenó la Corte en lugar de eso? Que Chihuahua incorpore como causal de nulidad la injerencia extranjera. La reforma de Sheinbaum. Que si Estados Unidos opina sobre una elección mexicana, eso sí amerita anularla.
El mensaje que queda en la calle es devastador: en México es más fácil anular una elección por un tuit de un extranjero que por una amenaza del crimen organizado en una casilla de la sierra.
Chihuahua intentó blindarse. La Corte le dijo que ese blindaje es inconstitucional.
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