La presidenta del INE huye de la prensa en medio del escándalo de su chofer-proveedor

CDMX.- Anunció transparencia, pero no quiso ser transparente. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, convocó ayer a una conferencia de prensa para presentar un nuevo portal de transparencia. Terminó protagonizando la escena opuesta: leyó un discurso, se deslindó de todo y salió corriendo sin responder una sola pregunta.

¿La razón del miedo? El escándalo revelado por el diario Reforma: Jonathan Navarrete Torres, el hombre contratado el 15 de abril de 2025 como chofer de la presidencia del INE con un sueldo de 45,765 pesos al mes y nivel de jefe de departamento, es desde el 28 de junio de 2023 apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las principales proveedoras de material electoral del INE.

No es cualquier empresa. Corporativo Zeg y su hermana Cajas Graf, propiedad de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, dominan el negocio de las urnas y las mamparas. Ambas han sido investigadas por la UIF por presuntos vínculos con crimen organizado -con cuentas congeladas-, por la ASF por prácticas ilícitas y por la Cofece desde mayo de 2024 por prácticas monopólicas.

Y la trama es más grande. En 2023, esas mismas empresas tuvieron como representante legal a Jesús Octavio García González, el mismo que Taddei nombró director de Administración del INE hasta abril pasado. Es decir, el que compraba era representante del que vendía.

¿Y qué dijo Taddei ante esto? Tres frases que hunden más que salvan:

1.  “Jamás fue mi chofer”, pese a que Navarrete estaba adscrito oficialmente a la Presidencia del INE para trasladarla.
2.  “Ya no laboran aquí”, como si renunciar borrara el conflicto de interés, la omisión en la declaración patrimonial -Navarrete declaró que solo había sido chofer de Mercedes-Benz- y los contratos millonarios.
3.  “Esta presidencia no tiene empresas favoritas”*, aunque Zeg y Cajas Graf obtienen contratos con Taddei desde 2021, cuando ella dirigía el instituto electoral de Sonora. El negocio la siguió a Oaxaca y a Chihuahua, donde funcionarias que le dieron contratos de 32 y 33.9 millones a esas empresas, hoy despachan en el INE nombradas por ella.

La presidenta que debe arbitrar la elección de 2027 no quiso contestar si vive en una casa de un proveedor, si va a renunciar o si hay conflicto de interés. Prefirió irse entre aplausos de sus incondicionales mientras los reporteros seguían gritando preguntas en el vestíbulo.

Presentó un portal que solo reacomoda información que ya era pública y mandó el caso al Órgano Interno de Control. Pero no explicó lo esencial: ¿cómo confiar en un árbitro electoral que mete a su chofer como apoderado de su proveedor estrella?

La transparencia no es una página web. Es quedarse a responder y no correr para no rendir cuentas.