Protestantes queman parlamento, provocando muertos y heridos.
La crisis política y social en Nepal se intensificó esta semana tras el bloqueo gubernamental de redes sociales, lo que provocó una ola de protestas lideradas principalmente por jóvenes. La medida afectó a plataformas como Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se habían registrado ante el regulador nacional. El descontento digital se convirtió rápidamente en una movilización masiva en las calles de Katmandú.
En medio de los disturbios, Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió luego de que manifestantes incendiaran su residencia en el barrio de Dallu. Aunque fue trasladada al hospital en estado crítico, no sobrevivió a las heridas. Su muerte generó conmoción y aumentó la presión sobre el gobierno para contener la violencia.
Las autoridades reforzaron la seguridad de altos funcionarios y evacuaron a varios ministros desde sus residencias en Lalitpur. El ministro de Finanzas fue incluso empujado al río por manifestantes, lo que evidenció el nivel de violencia alcanzado. La tensión se extendió a zonas residenciales y sedes gubernamentales, generando un clima de incertidumbre.
Las protestas derivaron en enfrentamientos desde el lunes. En el primer día de choques frente al Parlamento y otros puntos de la capital, al menos 19 personas murieron y unas 500 resultaron heridas. Amnistía Internacional denunció el uso de munición real por parte de la policía. Las imágenes de represión circularon ampliamente en redes, alimentando la indignación pública.
El primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli presentó su renuncia el martes, buscando abrir paso a una solución política. Sin embargo, la violencia continuó pese al toque de queda, con ataques a edificios públicos y la quema del Parlamento. La dimisión no logró calmar los ánimos, y los manifestantes exigieron reformas profundas.
Manifestantes también irrumpieron en el complejo gubernamental de Singha Durbar, donde lograron apoderarse de armas de fuego. La residencia del primer ministro fue incendiada, según reportes de prensa y testigos presenciales. La falta de control sobre los disturbios evidenció una crisis institucional en ascenso.
Aunque el bloqueo digital fue revertido, el daño político ya estaba hecho. En una sociedad joven y conectada —donde el 43% de la población tiene entre 15 y 40 años—, la censura encendió el malestar acumulado por la corrupción, el desempleo y la debilidad económica. El próximo gobierno enfrentará el reto de restaurar la confianza sin recurrir a nuevas restricciones, en medio de una transición incierta.
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