Lo que comenzó como una revisión de rutina se convirtió en una escena de tensión la tarde del jueves 26 de febrero en la calle Enríquez, a escasos pasos del Palacio de Gobierno y la Plaza Lerdo.
Un despliegue de patrullas y elementos armados generó alarma entre transeúntes y trabajadores del primer cuadro, que inicialmente temieron que la intervención estuviera vinculada a un incidente de mayor gravedad en las inmediaciones del recinto oficial.
Alrededor de las 17:00 horas, las fuerzas de seguridad interceptaron una camioneta que, según los sistemas, contaba con un reporte de robo vigente en el estado de Puebla. La detención en la arteria principal obligó al cierre inmediato de la circulación, dejó a decenas de vehículos varados y provocó que peatones observaran con incertidumbre el cerco policial que rodeaba la unidad mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes.
La cercanía del operativo con edificios gubernamentales amplificó la difusión de versiones preliminares en redes sociales sobre un posible enfrentamiento; esas versiones fueron descartadas minutos después cuando las autoridades confirmaron que la acción respondía a la recuperación de un vehículo y no a un incidente de violencia en el Palacio de Gobierno. Periodistas y usuarios compartieron imágenes y videos del momento, que mostraron la inspección y el traslado de la camioneta.
El conductor, quien se identificó como propietario legítimo, declaró ante los oficiales que el vehículo le había sido robado meses atrás y que él mismo lo había recuperado, pero no había actualizado el estatus del reporte en las plataformas oficiales. Ante esa situación, el sistema de seguridad estatal activó la alerta al detectar la matrícula circulando en el centro de la ciudad, lo que motivó la intervención policial para verificar la situación.
La unidad fue trasladada para una inspección detallada y el propietario fue remitido ante las autoridades para acreditar la propiedad con la documentación correspondiente y regularizar el estatus legal del vehículo. Las autoridades locales señalaron que el procedimiento obedeció a protocolos de seguridad y recuperación de bienes, y que la diligencia concluyó con la remisión de la documentación necesaria para evitar futuros malentendidos.
