La reactivación de las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la presunta narco-elección de 2021 en Sinaloa y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda vuelve a colocar al Rochismo exactamente en donde más le duele: bajo sospecha pública y presión política. Porque el tema ya dejó de ser rumor de café o de una teoría de la oposición. Ahora hablamos de investigaciones federales relacionadas con los señalamientos gravísimos de presunta intervención del Cártel de Sinaloa en favor de Rubén Rocha Moya durante la elección del año 2021. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿Cómo es posible que después de dos años de denuncias y señalamientos Rubén Rocha Moya ni siquiera haya sido citado a declarar ni como testigo del caso? Esta omisión no solamente genera sospechas, sino que alimenta la percepción de protección política. Porque en México la justicia suele tener dos velocidades: una brutalmente rápida para el ciudadano común, y otra, sospechosamente lenta cuando el expediente toca al poder. La ironía es devastadora para MORENA. Este movimiento que llegó prometiendo acabar con los pactos de impunidad, hoy enfrenta exactamente el tipo de acusaciones que antes utilizaba para destruir políticamente a sus adversarios. Y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reactiva las investigaciones, la percepción pública ya empezó a construir su propia narrativa: que durante demasiado tiempo ciertas preguntas simplemente no quisieron hacerse. El caso Cuén Ojeda agrava todavía más el escenario. Porque el asesinato de una figura política de este tamaño nunca iba a quedarse únicamente en el terreno criminal. Desde el primer día tuvo implicaciones políticas profundas, disputas de poder, sospechas cruzadas y versiones que siguen sin aclararse completamente. Por esto cada nueva línea de investigación reabre heridas políticas que el gobierno estatal jamás logró cerrar. Y mientras tanto, Sinaloa sigue atrapado en esa mezcla explosiva en donde el crimen organizado, el poder político y la justicia parecen cruzarse demasiado seguido en la misma conversación. La gran tragedia institucional es esta: cuando la ciudadanía empieza a creer que las elecciones pueden ser intervenidas por grupos criminales y que las investigaciones avanzan según conveniencias políticas, la democracia comienza a perder legitimidad desde dentro. Porque ya no se trata solamente de quién ganó una elección, se trata de si el Estado mexicano todavía puede convencer a la gente de que las urnas pesan más que los cárteles…
En la política mexicana hay conversiones ideológicas y luego están los milagros financieros familiares. Porque desde que Margarita Villaescusa Rojo aterrizó en el gobierno morenista de Sinaloa, alrededor de sus hijos comenzaron a florecer contratos, negocios y oportunidades con una velocidad que haría palidecer a cualquier emprendedor común. Y claro, oficialmente todo puede parecer legal, administrativo y perfectamente documentado. Porque en México el verdadero arte no está en ocultar los negocios, sino en disfrazar el conflicto de interés de trámite burocrático. Según los señalamientos y documentos que circulan, los hijos de Margarita habrían encontrado una auténtica mina de oro en el presupuesto público: despensas, aires acondicionados y contratos municipales que empiezan a acumular cifras bastante cómodas para cualquier familia con acceso privilegiado al poder. Qué curiosa coincidencia. Porque resulta que después de la “traición” política al PRI y el acomodo dentro del nuevo régimen morenista, comenzaron a aparecer contratos en ayuntamientos gobernados precisamente por aliados políticos. Y ahí es donde empiezan las preguntas incómodas. ¿Estamos frente a empresarios exitosos o frente a un manual clásico de tráfico de influencias versión 4T? Porque el problema no es solamente venderle al gobierno. El problema es cuando los negocios familiares parecen crecer exactamente al ritmo del poder político de mamá. Y mientras la narrativa oficial de MORENA sigue hablando de honestidad, combate a la corrupción y fin de los privilegios, en los hechos cada vez aparecen más historias de juniors políticamente bien conectados convirtiéndose súbitamente en “grandes emprendedores”. La transformación sí llegó, pero al patrimonio de algunos. Y lo más delicado es la percepción pública: que el acceso al presupuesto estatal ya no depende de competir, innovar o trabajar mejor, sino de tener el apellido correcto y la relación política adecuada. Porque cuando los contratos empiezan a concentrarse alrededor de familias ligadas al poder, la línea entre negocio privado y abuso de influencias, se vuelve peligrosamente delgada. Y ahí es donde MORENA enfrenta otra contradicción devastadora: criticaron durante años a los gobiernos pasados por exactamente las mismas prácticas que hoy empiezan a perseguirlos como espejo incómodo. Al final, los documentos podrán ser claros. Lo que sigue siendo oscuro es el origen de tanta prosperidad repentina alrededor del poder político. Porque en Sinaloa, cada vez que alguien cercano al gobierno se vuelve “empresario exitoso” de la noche a la mañana, el ciudadano ya no piensa en mérito, piensa en presupuesto…
Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, alcalde desaforado, reaparece prometiendo enviar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar presuntas redes de corrupción, nepotismo y control político en el estado. Y uno no sabe si está viendo un acto de valentía política… o simplemente otro capítulo de la guerra entre grupos que antes se abrazaban para la foto. Porque esa es la tragedia del poder en México: los secretos no salen cuando ocurren… salen cuando alguien pierde el cargo, el presupuesto o la protección política. El Químico acusa al grupo cercano a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza Cázarez de usar fiscalías e instituciones con fines políticos. Gravísimo… si no fuera porque en México ya normalizamos que las instituciones parezcan más herramientas de presión que órganos de justicia. Aquí la ley suele tener una curiosa flexibilidad: es durísima con los enemigos y sospechosamente comprensiva con los aliados. La justicia mexicana no siempre llega tarde; a veces llega justo cuando conviene políticamente. Y mientras los grupos internos de Morena se despedazan entre sí, el ciudadano observa el espectáculo como rehén de una clase política que parece más ocupada en ajustar cuentas que en gobernar. Porque en Sinaloa ya no se sabe dónde termina la administración pública y dónde empieza la operación política de supervivencia. Lo más irónico es que muchos de los que hoy se acusan mutuamente hace apenas unos años compartían escenarios, campañas, discursos y aplausos. Ayer eran compañeros de “transformación”; hoy parecen testigos protegidos con micrófono abierto. La pregunta incómoda no es si existe corrupción. En México eso ya casi se da por descontado. La verdadera pregunta es: ¿por qué las denuncias siempre aparecen cuando alguien cae en desgracia política? Porque mientras hubo poder, silencio. Mientras hubo cargos, obediencia. Mientras hubo presupuesto, lealtad absoluta. Pero cuando se rompe el pacto, empiezan las filtraciones, las cartas y las revelaciones “por el bien del pueblo”. Y así sigue Sinaloa: atrapado entre grupos políticos que se acusan de controlar instituciones mientras la ciudadanía contempla cómo el discurso de la transformación terminó pareciéndose demasiado a las viejas prácticas que prometieron enterrar. La diferencia es que antes se peleaban por el PRI. Hoy se pelean por MORENA pero por las mañas siguen usando el mismo escritorio…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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