Sugey, una madre afectada por los altos cobros de electricidad, decidió encadenar los accesos de las oficinas públicas en Mazatlán como forma de protesta. Más allá del acto individual, el mensaje parece intentar representar una molestia acumulada entre los ciudadanos que consideran excesivos sus recibos de energía eléctrica. Porque llega un punto en donde la indignación cambia de tono. Primero es en reclamo, después una frustración y finalmente se torna en protesta. La pregunta que miles de familias repiten es sencilla: ¿Cómo explicar estos aumentos abruptos en los recibos cuando aseguran mantener hábitos de consumo similares? Y ahí comienza el laberinto institucional. La Comisión Reguladora de Energía participa en las metodologías tarifarias y en la regulación del sector. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interviene en las autorizaciones relacionadas con los subsidios y los componentes fiscales. Mientras tanto, para el ciudadano común el problema termina teniendo un solo nombre: el recibo que hay que pagar. Porque pocas personas revisan fórmulas regulatorias cuando el cobro llega multiplicado. Lo que observan es cuánto dinero sale del bolsillo y el contexto importa. En estados como Sinaloa, con temperaturas extremas, la electricidad deja de sentirse como comodidad, porque se vuelve una necesidad y por esto el malestar escala rápido. Porque para muchas familias el dilema empieza a parecer absurdo: pagar energía para soportar el calor o sacrificar otros gastos esenciales de la casa. La protesta también refleja otra cosa: la desconfianza. Cuando los ciudadanos sienten que los mecanismos de aclaración no responden o perciben falta de explicación suficiente, aumenta la idea de que reclamar sirve poco o nada y esta sensación suele ser combustible social. Ahora bien, conviene separar dos planos. La inconformidad ciudadana puede ser legítima, pero determinar si existen errores de lectura, ajustes tarifarios, cambios de consumo o cobros indebidos, requiere revisión técnica caso por caso. Ambas cosas pueden coexistir: molestia real y necesidad de evidencia específica. Mientras tanto, el mensaje político parece crecer y la paciencia alrededor de los recibos de la CFE comienza a agotarse. Porque cuando una madre decide protestar públicamente por un cobro que considera injusto, el problema deja de sentirse únicamente administrativo, empieza a convertirse en síntoma. Y los síntomas suelen advertir algo más profundo: la distancia entre las instituciones y los ciudadanos. El enojo social se mira en las benditas redes y ya salió a tomar las calles por los altos cobros en los recibos de la CFE. El pueblo no está jugando, tengan cuidado gobierno…
La pesca sinaloense: una actividad que agoniza entre el abandono y los discursos. La actividad pesquera en Sinaloa arrastra décadas de crisis sin que exista siquiera alguna política pública verdaderamente contundente que sea capaz de revertirla. Mientras los gobiernos cambian sexenio tras sexenio, los problemas permanecen intactos. Los pescadores enfrentan captura ilegal, vigilancia insuficiente, combustibles con costos que vuelven incosteable salir al mar y temporadas donde el esfuerzo ya no garantiza ingresos dignos. El diésel marino se convierte en una barrera, la incertidumbre en una regla, y la rentabilidad, en una excepción. Las cooperativas pesqueras apenas sobreviven a cómo pueden, muchas de ellas hasta con deudas, otras reduciendo sus operaciones y algunas más desapareciendo lentamente. Y detrás de cada embarcación detenida, existen familias completas cuya economía depende directamente del mar. Pero aquí lo meramente preocupante es que la crisis dejó de ser coyuntural, para empezar a parecer estructural. Porque cuando una actividad productiva pasa décadas acumulando problemas sin solución profunda, el deterioro termina por normalizarse. Mientras tanto, las instituciones de gobierno suelen anunciar: mesas de trabajo, acuerdos, diagnósticos y agendas conjuntas, el problema es que en los campos pesqueros las urgencias tienen otro nombre: ingresos, seguridad, inspección efectiva, combate a la pesca ilegal, acceso a mercados y condiciones para producir. Y ahí es en donde aparece una distancia incómoda entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Porque las mesas generan comunicados, pero difícilmente mantienen los motores encendidos. La paradoja resulta dura para Sinaloa, siendo un estado históricamente vinculado con la producción pesquera, misma que observa cómo una de sus actividades emblemáticas pierde fuerza mientras cientos de pescadores consideran abandonar el oficio. Y cuando un productor deja el mar, no siempre cambia de actividad por oportunidad, sino que muchas veces lo hace por necesidad. Entonces la pregunta deja de ser cuánto tiempo lleva la crisis, sino que cambia por cuanto puede resistir el sector antes de que el deterioro sea irreversible. Porque una actividad económica rara vez muere de golpe, sino que normalmente va desapareciendo poco a poco, entre promesas, entre diagnósticos, entre reuniones, hasta que un día el abandono termina siendo más fuerte que la tradición. Y entonces el problema ya no es pesquero, es social, es económico y es político…
Rubén Rocha Moya: del silencio al citatorio. Algo cambió. Después de semanas de especulaciones sobre su paradero y una ausencia pública prolongada, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue notificado este sábado de un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República. Hasta ahora no se han hecho públicos el día, la hora ni el lugar exacto donde deberá comparecer. La propia FGR informó que Rocha Moya y otros ex funcionarios fueron llamados a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones relacionadas con señalamientos provenientes de las autoridades estadounidenses. Y después vino algo que no ocurría desde hace días: Rocha Moya reapareció. No físicamente ante las cámaras, pero sí mediante un mensaje público para confirmar que recibió el citatorio y que acudirá. “Atenderé el requerimiento con la frente en alto”, sostuvo, agregando que no tiene nada que temer y que confía en que prevalecerá la verdad. La escena política cambia, porque durante semanas la conversación era: ¿En dónde está Rocha Moya? Ahora la pregunta parece transformarse: ¿Qué ocurrirá cuando comparezca? Y aquí conviene separar niveles. Un citatorio no equivale automáticamente a ninguna culpabilidad, tampoco una comparecencia implica sentencia alguna. Inclusive, desde la Secretaría de Gobernación se señaló que estos llamados forman parte de procedimientos y que, en algunos casos, son en calidad de testigos. Pero políticamente el movimiento pesa, porque el hombre cuya ausencia alimentó rumores, hipótesis y teorías durante semanas, ahora enfrenta otra etapa: la institucional. Esto cambia el tablero y la ironía resulta difícil de ignorar. Durante días abundaron versiones sobre refugios, resguardos y ubicaciones inciertas. Hoy aparece algo más concreto: un citatorio formal, un expediente, una comparecencia pendiente. La pregunta incómoda ya no es solamente en dónde está Rocha, sino que la pregunta ahora será: ¿Qué dirá? Porque en política, los silencios prolongados generan especulación, pero las declaraciones ante las autoridades generan otra cosa: consecuencias…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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