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- Oscar Flores

Trabajadores de GPO presentan amparos contra bloqueos de ‘Aquí No’ en Topolobampo

Trabajadores de GPO presentan amparos contra bloqueos de ‘Aquí No’ en Topolobampo
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Los Mochis, Sinaloa.- Trabajadores de la Planta de Amoniaco GPO promovieron múltiples amparos contra el bloqueo que mantiene el grupo “Aquí No” en Topolobampo, al acusar que les impide llegar a su centro de trabajo y llevar el sustento a sus familias.

De forma anónima y por temor a represalias, empleados de la planta señalaron que el plantón instalado por indígenas, pescadores y ejidatarios viola sus derechos humanos: al trabajo lícito, a la libertad de tránsito y al interés superior de sus hijos, quienes dependen de su salario. Entre los afectados hay madres solteras, adultos mayores y padres de niñas y niños.

A raíz de los bloqueos, la empresa ha rescindido contratos de varios trabajadores, dejando sin ingresos a hogares completos. “Muchos somos de Topolobampo, donde el grupo de choque contra GPO está más intensificado”, relató uno de los denunciantes. Por seguridad, prefieren no dar nombres.

La acción legal abrió la discusión en Sinaloa. Un sector pide proteger el derecho a la manifestación y la libertad de expresión del grupo “Aquí No”, que se opone a la planta por motivos ambientales y comunitarios.

Del otro lado, los trabajadores argumentan que un derecho no puede anular otro: “La protesta es válida, pero no puede estar por encima de nuestro derecho a un empleo digno. Son trabajos lícitos y de ahí comen nuestros hijos”.

Los derechos humanos son universales, pero no todos son absolutos. La Constitución y tratados internacionales reconocen que el ejercicio de un derecho tiene como límite el respeto a los derechos de terceros.

La libertad de manifestación y expresión están protegidas, pero también lo están el derecho al trabajo, al tránsito y al sustento familiar. Cuando dos derechos chocan, la autoridad debe ponderar y buscar la menor afectación posible para ambos, sin que uno cancele al otro. La Suprema Corte ha establecido que ninguna protesta puede impedir de forma indefinida el acceso al trabajo ni poner en riesgo la subsistencia de terceros.

El conflicto en Topolobampo pone sobre la mesa ese equilibrio: cómo garantizar la protesta sin dejar sin comer a familias que solo buscan trabajar. 

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