La ASF pone la lupa sobre el sistema electoral: Investigará 25 años de contratos del IFE, INE y OPLE por “irregularidades históricas”

En una medida sin precedentes dentro de la fiscalización del gasto público en México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación masiva que abarcará 25 años de contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las 32 entidades del país.

La determinación surge tras labores de inteligencia y análisis financiero donde el órgano fiscalizador detectó múltiples indicios de “irregularidades históricas”, presunta concentración de proveedores, colusión y prácticas indebidas en la asignación de licitaciones públicas entre los años 2000 y 2025.

Red de proveedores y patrones bajo escrutinio

De acuerdo con lo informado por la ASF, la fiscalización busca rastrear el destino de miles de millones de pesos ejercidos durante más de dos décadas de procesos electorales federales y locales:

• Monopolio de insumos electorales: La indagatoria pone especial énfasis en un reducido grupo de empresas que durante años habrían acaparado la elaboración de boletas, materiales de votación, urnas y sistemas tecnológicos de conteo.
• Posible simulación de competencia: Se analizan esquemas de subcontratación y presuntas empresas fachada que simulaban competir en licitaciones para repartirse contratos millonarios del IFE y del INE.
• Alcance a los estados: El rastreo no se limitará a la oficina central en la Ciudad de México; la ASF requerirá expedientes a los 32 OPLE para determinar si las anomalías respondieron a una red metódica y recurrente de corrupción a nivel nacional.

Un proceso independiente y de alcance histórico

La Auditoría precisó que este análisis histórico sobre adquisiciones constituye un proceso independiente de los arqueos ordinarios a la administración actual del organismo electoral.

Aunque hasta el momento los hallazgos no constituyen responsabilidades penales o administrativas ya dictaminadas, la ASF advirtió que de confirmarse faltas graves o esquemas de desvío de recursos, se procederá a la presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).