Perspectiva
Por Moisés Gómez Reyna 11 Mayo 2020
Estado de derecho
Por muchos
años académicos y expertos han analizado y propuesto cuáles deben ser los
cimientos básicos para que un país o una región logre desarrollarse en paz y
prosperidad, y cuáles las acciones a implementar para que esto sea con igualdad
de oportunidades para todos.
Se ha
discutido sobre los elementos para alcanzar mayores tasas de crecimiento
económico, generar empleos suficientes y bien remunerados, disminuir la pobreza
y reducir los niveles de delincuencia e impunidad.
La mayoría de
los académicos, investigadores y expertos coinciden en que la base fundamental
para lograr paz y prosperidad se construye a partir de garantizar la seguridad
personal, familiar, patrimonial y jurídica de las personas, ésta última
directamente vinculada con el respeto al Estado de Derecho.
El Estado de
Derecho se alcanza con el principio básico de que todas las decisiones que se
tomen desde el poder público estén regidas por la ley y respeten los derechos
de todos los ciudadanos. Esta premisa genera confianza, certidumbre, coadyuva
al combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias y además, como
hemos dicho, es la base del desarrollo.
Lamentablemente,
de un tiempo a la fecha, se han tomado decisiones que parecen no encajar con
las definiciones y principios de un efectivo Estado de Derecho.
Primero con la
controvertida suspensión de la megainversión del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México en Texcoco, a pesar de su importancia estratégica, los
estudios de factibilidad realizados, los 60 mil millones de pesos ya invertidos
y los 71 mil millones de pesos adicionales que costó cancelar los más de 600
contratos relacionados con la obra.
Luego, en Baja
California, con la cancelación de la inversión de mil 400 millones de dólares de
la empresa cervecera Constellation Brands, la cual no obstante contar con los permisos necesarios y llevar un
avance de 65% fue revocada mediante una consulta donde participó sólo el 3.5%
del padrón electoral de Mexicali.
Este lunes se pudiera
estar dando una prueba más sobre la aplicación del Estado de Derecho en nuestro
país.
Y es que se
presentará ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el
proyecto del Ministro José Fernando Franco González Salas, el cual propone
invalidar la reforma a la Constitución de Baja California del 2019, que amplió
de 2 a 5 años la duración del mandato del actual gobernador Jaime Bonilla.
Para buena
parte de los especialistas en derecho, dicha reforma viola la legalidad, el
derecho al voto, la certeza electoral y la seguridad jurídica, ya que los
ciudadanos de Baja California acudieron a las urnas en 2019 para elegir
Gobernador por un periodo de sólo dos años.
Por lo tanto,
ampliar el mandado de Bonilla los privaría de su derecho a elegir nuevas
autoridades en 2021 y le otorgaría al Gobernador un período de desempeño sin
sustento en la determinación los bajacalifornianos.
Si bien los
estados son libres y soberanos, estos deben estar apegados en todo momento a
los principios de legalidad que marca la Constitución federal, sobre cual no
puede estar ninguna ley o Constitución estatal.
Por ser una
reforma ya aprobada y promulgada, los ministros de la SCJN deberán votar en
mayoría calificada (8 de 11 votos) para declarar como inconstitucional la
también conocida como “Ley Bonilla”.
Que la Suprema
Corte valide la ampliación de mandato en Baja California, sería interpretado por
muchos como un nuevo “golpe” al Estado de Derecho.
Mandar una
nueva señal en este sentido, podría ser particularmente delicado en este
momento donde se requiere total certidumbre para superar la crisis económica y
social que atravesamos.
Twitter:
@GomezReyna
