Esta es la Ramón por la que se está exigiendo una investigación patrimonial contra Adán Augusto.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 37 denuncias penales contra el senador Adán Augusto López Hernández, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Estas denuncias, presentadas por la diputada suplente María Elena Pérez-Jaén, se basan en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señalan posibles desvíos por un monto cercano a 800 millones de pesos. Según la legisladora, estas anomalías no han sido investigadas debido a la omisión del titular de la ASF, David Colmenares, quien habría dejado los expedientes archivados sin darles seguimiento.
Pérez-Jaén, conocida por su activismo en temas de transparencia, acusó directamente a Colmenares de proteger al senador, permitiendo que las auditorías queden “dormidas” desde 2021 en el área de investigación del organismo fiscalizador. En una entrevista, declaró que el quebranto financiero fue detectado desde febrero de 2021, pero hasta ahora no se ha procedido legalmente. “Lo que hizo la ASF es encubrir al exgobernador. Han pasado cinco años desde los hechos y no hay ningún avance”, afirmó. Entre las observaciones de la ASF se encuentra una relacionada con el área de seguridad pública, correspondiente a más de 5 millones de pesos durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena como secretario.
El caso ha generado reacciones entre integrantes de comités de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales y del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que exigen que diversas instituciones —entre ellas la ASF, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR y el Senado— investiguen las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador López Hernández. En dicho documento, destacaron que las acusaciones merecen una revisión oficial clara y objetiva, sin que el fuero parlamentario sirva como escudo para evitar la rendición de cuentas.
El comunicado oficial, inicialmente difundido por el Sistema Nacional Anticorrupción pero luego retirado presuntamente por presiones internas, fue mantenido en la cuenta personal de la presidenta del organismo, Vania Pérez Morales. En él, se especifican las solicitudes dirigidas a cada institución: al Senado se le pide no entorpecer investigaciones; al Órgano Interno de Control, verificar las declaraciones patrimoniales del senador; al SAT, confirmar la consistencia fiscal de la información disponible; y a la ASF, revisar contrataciones y flujos financieros durante el periodo en cuestión.
Asimismo, se exhorta a la UIF y a la FGR a que determinen si es procedente iniciar o continuar investigaciones por posibles operaciones inusuales, y, de ser el caso, judicializar conforme a derecho. A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) se le solicita colaborar con mecanismos de coordinación interinstitucional. Los consejeros enfatizaron que las recientes acusaciones públicas sobre el senador López Hernández, relacionadas con incongruencias fiscales, conflictos de interés y enriquecimiento inexplicable, deben ser verificadas de forma oficial, sin prejuicios, pero con plena transparencia.
Finalmente, los firmantes del pronunciamiento subrayaron que nadie debe estar por encima de la ley, y recordaron que el fuero legislativo no equivale a impunidad. Señalaron que la vía institucional es la única forma legítima para investigar, verificar y comunicar los resultados. También expresaron su confianza en que las autoridades actúen con oportunidad y apego al debido proceso, y llamaron al propio senador a colaborar voluntariamente para esclarecer las dudas, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la integridad de las instituciones democráticas.
