Reporteros Sin Fronteras alerta sobre la expansión del crimen organizado y la ineficacia estatal.
Según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México cerrará 2025 como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, sólo detrás de Gaza. La organización atribuye este retroceso a la expansión del crimen organizado y a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de quienes informan, lo que ha convertido la labor periodística en una actividad de alto riesgo en múltiples regiones del país.
Para Balbina Flores, representante de RSF en México, la repetida aparición del país en estos listados demuestra que las garantías no están funcionando: la protección, las investigaciones y otras acciones de política pública no han logrado frenar la violencia contra la prensa. El informe subraya que la impunidad es el núcleo del problema: más del 90% de los asesinatos de periodistas y la totalidad de las desapariciones permanecen sin resolver, una cifra que alimenta un ciclo de violencia cada vez más letal.
Ante este panorama, Flores urgió a una revisión profunda de las políticas de investigación y protección. Recordó que en 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum firmó compromisos con RSF, entre ellos el combate a la impunidad, y señaló que el Legislativo debe revisar el mecanismo de protección mientras las fiscalías priorizan las investigaciones para romper la cadena de impunidad que pone en riesgo a comunicadores.
Además de las fallas institucionales, la representante de RSF advirtió sobre el impacto de la narrativa oficial que estigmatiza a la prensa: la descalificación y la criminalización pública abren la puerta a agresiones que pueden escalar hasta el asesinato. El mecanismo federal de protección, creado hace más de una década, protege a más de 600 periodistas pero arrastra deficiencias estructurales, recursos limitados y personal insuficiente, lo que reduce su capacidad de respuesta ante la magnitud de la crisis.
Entre los comunicadores asesinados este año figuran: Alejandro Gallegos, director de La Voz del Pueblo, cuyo cuerpo fue localizado en Cárdenas, Tabasco, en enero; Uriel Martínez, fundador y director de El Silaoense Mx, asesinado en Silao, Guanajuato, en marzo; José Carlos González, administrador de la página El Guerrero, interceptado y abatido en Acapulco en mayo; y Salomón Ordóñez Miranda (conocido como Shalom), periodista y fotógrafo independiente, acribillado en Cuetzalan en junio. Estos casos ilustran la gravedad y la diversidad geográfica de la violencia contra la prensa en México.
