Columna Periodística -Sin Redundar-
Por Carlos Avendaño
¡Dejan una cabeza humana en el palacio municipal! ¿Y la seguridad alcaldesa? ¡Hágame usted el condenado favor, estimado lector! La violencia en Mazatlán ya no solamente sacude las calles: ahora deja mensajes macabros en las puertas del propio Ayuntamiento. La mañana del pasado martes 27 de octubre, una cabeza humana fue abandonada en una hielera frente a las oficinas de Ingresos del Palacio Municipal, acompañada de una cartulina con una amenaza dirigida a Renato Palacios Velarde, padre de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. El mensaje hacía referencia a un supuesto acuerdo en Cerritos, que, por cierto, la Fiscalía deberá esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Y aquí viene la pregunta obligada: ¿Pues dónde estaban los encargados de vigilar el Palacio Municipal? ¿Cómo es posible que dos sujetos lleguen, abandonen una hielera con restos humanos y se retiren como si nada? ¿Acaso la seguridad estaba nada más de adorno? Según la versión difundida por las autoridades municipales, los agentes de guardia que custodiaban el palacio municipal, observaron a dos hombres que dejaron la hielera y después huyeron. Incluso, hasta reportaron que inicialmente pudieron haberlos confundido con vendedores ambulantes. ¡Vaya confusión tan estúpida! En un edificio en donde despacha el gobierno municipal, en donde diariamente trabajan funcionarios y empleados y acuden ciudadanos a realizar trámites, un hecho de esta gravedad obliga a revisar todos los protocolos de vigilancia, las cámaras de seguridad y los tiempos de reacción. Y no se trata solamente de preguntar quién dejó la hielera, sino de saber qué mensaje pretende transmitir este acto y por qué se eligió precisamente la sede del gobierno municipal para hacerlo. El contenido de la cartulina menciona a Renato Palacios y un supuesto acuerdo relacionado con Cerritos. Pero cuidado: un mensaje intimidatorio no demuestra por sí mismo que exista un negocio ilegal ni acredita responsabilidad de persona alguna. Las autoridades tienen la obligación de investigar el trasfondo, sin especulaciones ni privilegios. También existen señalamientos públicos sobre presuntos negocios inmobiliarios irregulares en Mazatlán. Si hay denuncias o pruebas, deben de investigarse por las vías correspondientes. No sería responsable convertir estos señalamientos en hechos probados ni vincularlos automáticamente con este episodio. Lo que sí es innegable es que el H. El Ayuntamiento de Mazatlán enfrenta preguntas serias sobre su seguridad. Y la alcaldesa Estrella Palacios debe de ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía: ¿Qué falló en la vigilancia? ¿Funcionaban las cámaras? ¿Se identificó a los responsables? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que algo semejante vuelva a ocurrir? Porque de poco sirve anunciar operativos, despliegues y reuniones de seguridad, si un acto de esta naturaleza puede ocurrir a unos pasos de las oficinas del gobierno municipal. Innegablemente el bello puerto de Mazatlán necesita seguridad efectiva, no solamente fotografías de operativos ni discursos para salir del paso. La ciudadanía merece respuestas, y los responsables de este hecho deben de ser identificados y llevados ante la justicia. ¡Una cabeza humana frente al Palacio Municipal! ¿Qué sigue ahora? ¿Que los delincuentes utilicen la oficina de Ingresos como buzón para sus amenazas? Suyos los comentarios, estimado lector…
¡MORENA y los señalamientos que exigen respuestas! ¡Vaya controversia! Ahora el nombre de Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de MORENA, aparece en una publicación periodística que plantea preguntas delicadas sobre la relación entre política y crimen organizado. El periodista Héctor de Mauleón, en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, difundió señalamientos atribuidos a fuentes de seguridad federales sobre una supuesta reunión que Montiel Reyes habría sostenido a principios de 2024 con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. La publicación también alude a un supuesto acuerdo político-electoral mediante el cual un grupo criminal habría intervenido para favorecer a candidatos de MORENA en las elecciones de aquel año. ¡Graves señalamientos, estimado lector! Pero aquí hay que hacer una precisión fundamental: una versión periodística no equivale a una prueba judicial, y hasta que existan evidencias verificables, no se puede presentar como hecho probado que la reunión ocurrió o que hubo un pacto electoral. Dicho esto, la pregunta es inevitable: ¿Qué deben de hacer las autoridades cuando se publican acusaciones de esta magnitud? ¿Ignorarlas, descalificar al periodista o investigar para esclarecer los hechos? Si existen registros, testimonios, comunicaciones u otros elementos que permitan corroborar la información, corresponde a las autoridades competentes analizarlos con independencia y sin distinción partidista. Si los señalamientos carecen de sustento, también debe de aclararse públicamente. Porque el problema de fondo no es solamente el costo político que una publicación pueda tener para MORENA, sino que lo verdaderamente delicado es la posibilidad de que organizaciones criminales hubieran intervenido en los procesos electorales. Esto afectaría la libertad del voto, la legitimidad de los resultados y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y aquí no debería de haber excepciones: ni MORENA, ni el PRI, ni el PAN, ni ningún otro partido pueden estar por encima de la ley. Las acusaciones deben de investigarse con el mismo rigor, independientemente de quién resulte mencionado. Tampoco basta con que un partido rechazó los señalamientos o que sus adversarios los conviertan en munición política. La verdad no se establece mediante comunicados, consignas ni descalificaciones, sino mediante pruebas y procedimientos legales. Si hubo una reunión y un acuerdo ilegal, que se investigue y que se acrediten las responsabilidades, pero si no ocurrió, que se demuestre también. Lo que México no necesita es otra controversia que termine sepultada entre declaraciones partidistas y silencios oficiales. Porque cuando se habla de posibles vínculos entre políticos y grupos criminales, la exigencia ciudadana debe ser una sola: verdad, investigación y justicia, sin importar los colores…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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