La disputa pública entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el cantante Julio Iglesias estalló tras una publicación de Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky, en la que compartió testimonios de extrabajadoras que aludían a supuestos “abusos sexuales” y a una “situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. Al día siguiente, la ministra abordó el caso en un programa de televisión y reiteró la gravedad de los testimonios difundidos, declaraciones que fueron amplificadas por medios y redes sociales.
El entorno legal de Julio Iglesias respondió con contundencia: su equipo sostiene que las manifestaciones de una alta autoridad del Estado constituyen un “prejuicio público de culpabilidad” y han agravado el daño reputacional del artista. La defensa, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, remitió un escrito formal en el que exige a Yolanda Díaz una rectificación pública inmediata y califica sus declaraciones como “gravemente injuriosas y calumniosas”.
Además de la petición de rectificación, la representación legal de Iglesias reclama una compensación económica por el “grave daño social producido”, cuya cuantía deberá determinarse en función del impacto en la imagen internacional del cantante. El equipo de defensa subraya que, hasta la fecha, no existe resolución judicial que declare culpable a Julio Iglesias de los hechos denunciados, y presenta el archivo judicial en España como uno de los pilares de su argumento.
El archivo del caso por parte de la Fiscalía española, según las autoridades, se basó en la falta de competencia de los tribunales españoles para investigar los hechos denunciados, al no corresponder a la Audiencia Nacional, lo que cerró la vía de investigación en territorio español. Ese punto es central en la defensa de Iglesias, que insiste en que las denuncias no prosperaron y que no existe sentencia ni procedimiento penal en curso que lo vincule como culpable.
La controversia mantiene abiertas preguntas sobre el alcance de la responsabilidad pública de autoridades y sobre las vías legales para reparar daños reputacionales. Mientras tanto, las partes han llevado el conflicto a ámbitos mediáticos y jurídicos: la vicepresidenta por sus declaraciones públicas y el equipo de Iglesias por la vía de la rectificación y la posible reclamación económica.
